Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de Julio de 1936

El documento que se reproduce aquí fue encargado por el Gobierno de Franco el 21 de diciembre de 1938. Se encargó de su elaboración una comisión compuesta por dos docenas de personalidades jurídicas y políticas del bando franquista, entre las que había antiguos ministros de la monarquía y de la República. Las conclusiones fueron hechas públicas el 15 de febrero de 1939, cuando ya se veía como inminente el final de la guerra. Hasta entonces, los franquistas habían presentado su rebelión del 18 de julio como una necesidad imperiosa, un levantamiento nacional o cruzada, ante el peligro inminente de la destrucción de la patria a causa de la revolución marxista. Ahora se quería demostrar que el Gobierno republicano en aquella fecha, que ciertamente no era marxista, era ilegal.

El cerebro detrás del informe fue Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y entonces su mano derecha. Su poder iba mucho más allá de su cargo de ministro de la Gobernación. Era, de hecho, el segundo del régimen. El informe que encargó reflejaba dos preocupaciones de Serrano. Por un lado, dar una pátina de legitimad legal el nuevo régimen emergente. El ministro había estudiado leyes en el prestigioso Colegio Español de Bolonia y era de profesión abogado del Estado. Por otro lado, se buscaba contrarrestar a la propaganda republicana que describía al bando franquista como rebelde o faccioso.

Las conclusiones del informe ya estaban predeterminadas en la orden inicial de Serrano que creó la comisión de expertos de “demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber: que los órganos y las personas en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad […] que al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad no contra la Ley”.

Para confirmar esta tesis, los autores del informe hicieron una interpretación de la historia de la República que, según ellos, demostraba la continua manipulación y el abuso de leyes e instituciones por los republicanos que habían culminado con la victoria fraudulenta del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936 y con el asesinato, “ordenado y planeado desde los despachos de un Ministerio”, de José Calvo Sotelo. Todo ello hacía que, según predijo Serrano, no fuese “difícil la tarea que se encomienda a la Comisión”. Lo que quedó demostrado con el pronto y previsible resultado de su trabajo.