Izado de la bandera rojigualda en el balcón principal del Palacio de la Diputación de Vizcaya. 19 de junio de 1937

En 1876, al finalizar la última guerra carlista, se abolieron los Fueros (derechos peculiares que se remontaban a la baja Edad Media) de las provincias vascas. Sin embargo, el Gobierno español, presidido por Cánovas del Castillo, vio con claridad que establecer el sistema fiscal común podría suponer un riesgo de reproducción de la guerra. Así que en la Ley de 21 de julio de 1876– la Ley de abolición de fueros, que extendía a los vascos la obligación de aportar hombres al ejército y recursos a la Hacienda del Estado– se incluyó una autorización al Gobierno para hacer las modificaciones de forma necesarias para adaptar la aplicación de la Ley a las circunstancias locales, si le parecía conveniente contando con la audiencia de las Diputaciones de las tres provincias. 

A la hora de aplicar, por lo tanto, la obligación de pagar impuestos al Estado, en principio en la misma forma que en el resto del Estado, el Gobierno desde fines de 1877 trató con los gobiernos provinciales esa adaptación. El acuerdo, conocido como Concierto Económico, se materializó en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Aunque inicialmente se fijó con una vigencia de ocho años, finalmente se continuó renovando hasta la Guerra Civil. 

El 19 de junio de 1937 las tropas del General Franco entraban en Bilbao, dos días más tarde se constituyó una nueva Diputación provincial nombrada entre los sublevados, y el 23 de junio se firmó un decreto por el cual se derogó el Concierto Económico, pero sólo en Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se las acusó de ser traidoras al no sumarse al golpe de julio de 1936, mientras que Álava lo mantuvo ya que en esta provincia triunfó desde sus inicios la sublevación. 

Los motivos reales de la abolición fueron varios. Para empezar, en una situación bélica en la que todos los recursos eran imprescindibles para sostener el esfuerzo de guerra, la tentación de aumentar el cobro de impuestos era evidente. Y Bizkaia y Gipuzkoa eran dos de las provincias con mayor actividad industrial del país. Álava era una provincia todavía mayoritariamente rural y por lo tanto no tenía la misma potencialidad fiscal. Además, en el equipo de hacienda del Gobierno de los sublevados había varios funcionarios que ya habían negociado el Concierto, por lo que conocían el sistema y la potencialidad tributaria de las dos provincias. 

A pesar de algún tímido intento de recuperación desde las autoridades provinciales franquistas, e incluso de la organización de una comisión que estudió establecer un sistema administrativo especial en los tiempos de agonía de Franco, el Concierto Económico no fue recuperado, aunque ya dentro del amparo constitucional y del Estatuto de Autonomía de 1979, hasta 1981. 

EAO/ UB/ MJV