Redención de penas por el trabajo

Durante la guerra civil, Franco comenzó a ponderar la creación de un sistema para emplear de forma productiva a los centenares de miles de presos políticos que estaban cayendo en su poder. En marzo de 1938, el dictador le pidió su ayuda al cardenal primado de España, Isidro Gomá. Éste aceptó con gusto y, con el beneplácito del Vaticano, movilizó los recursos humanos y los recursos teológicos de la Iglesia. Además de varios militantes católicos empleados por el régimen, como el ministro de Justicia, conde de Rodezno o el director general de prisiones Máximo Cuervo, la persona clave para llevar a cabo el proyecto sería el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar quien fue nombrado director del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, creado el 7 de octubre de 1938.

La ideología del Patronato estaba basada en los conceptos religiosos de castigo y necesaria expiación por los supuesto crímenes y daños cometidos por los republicanos en su no menos supuesta “rebelión”, para alcanzar la redención y el perdón de los pecados. Trabajando, los presos políticos recuperables (los contumaces estaban excluidos del programa) pagarían sus culpas y, al mismo tiempo, acabarían aceptando la bondad y justicia del régimen, esto es, renegarían de sus errores pasados. Franco dejó muy claro que dar amnistías constituiría un error y un crimen de tipo liberal; opinión con la que concurrió el padre Pérez del Pulgar en su libro La solución que da España al problema de sus presos políticos, publicado en enero de 1939, que se ve aquí.

El principal incentivo que se ofrecía a los presos era que, por cada dos días trabajados, se les reduciría uno de la pena impuesta. También se les pagaría por su trabajo. Sin embargo, el salario que se les abonaba era muy reducido. En la posguerra, en obrero libre ganaba en torno a las diez pesetas el día, pero a los presos del programa se les pagaba en teoría dos, de las que tres cuartas partes eran retenidas por la empresa para gastos de manutención. Esto es, los presos solteros apenas recibían de hecho cincuenta céntimos. El salario oficial de los casados era cuatro pesetas años y una más por cada hijo menor de quince. 

Eran salarios de hambre, mientras que las empresas hacían enormes beneficios con el trabajo de los presos políticos enrolados en el programa (unos 45.000 a finales de 1943). Entre las compañías especializadas en obras públicas más beneficiadas estuvieron Banús, Dragados, Duro Felguera, Marroquín, Molán y San Román. Estas hicieron algunos de los proyectos de ingeniería más importantes de los primeros años de la dictadura, desde la reconstrucción de los maltrechos ferrocarriles a la construcción de Valle de los Caídos, pasando por el Canal del Bajo Guadalquivir de Sevilla, popularmente conocido como “Canal de los Presos”.