Sello de Concepción Arenal

A finales del siglo XIX surgieron las primeras asociaciones feministas. Sus objetivos se centraban en la obtención de los derechos civiles, mejoras sociales, acceso a la educación y medidas destinadas a proteger la maternidad. A partir de los años veinte se introdujo también la lucha por el sufragio.Durante la dictadura de Primo de Rivera se introdujeron determinadas concesiones, como las leyes de protección al trabajo, las facilidades para cursar estudios universitarios y un sufragio femenino restringido según el cual las mujeres mayores de veintitrés años que fuesen cabeza de familia podrían ser electoras y podrían también ser elegidas concejalas de elección popular a partir de los veinticinco años. 

En la Segunda República se avanzó en el terreno de la igualdad a través de reformas legislativas. Probablemente, la medida más importante y conocida fue la aprobación del sufragio femenino, pero no fue la única. El artículo 43 de la Constitución de 1931, además de establecer el fundamento del matrimonio en la igualdad entre los cónyuges, recogía la equiparación de derechos entre la descendencia legítima e ilegítima. También se aprobaron la ley de matrimonio civil y la ley de divorcio (1932). En el plano laboral, se aprobó el Seguro de Maternidad, que establecía la baja por maternidad para las trabajadoras y la garantía de reincorporación posterior al puesto de trabajo, aunque no cubría a las trabajadoras del servicio doméstico.

Entre las reformas del Código Civil se encuentran la equiparación de la mayoría de edad entre hombres y mujeres en 23 años, o la conservación de la patria potestad de las viudas sobre su descendencia, aunque se volvieran a casar. En el Código Penal se suprimió el delito de adulterio en la mujer y el de amancebamiento en el hombre, que tenían la misma pena. Además, se eliminaron los artículos sobre el parricidio por honor, que castigaba a las mujeres y a los hombres de forma asimétrica: la pena para un varón era de seis meses a seis años de destierro y para una mujer era de cadena perpetua.

Con todo, aunque los avances en los derechos de las mujeres durante la Segunda República tuvieron un gran impulso, siguieron existiendo impedimentos para que se produjera una igualdad total. Por ejemplo, el Código Civil siguió contemplando al marido como representante legal de la esposa y la ley sobre contratos de trabajo (1931) establecía como obligatoria la autorización del marido para poder hacer un contrato a una mujer casada y para que ésta recibiera el pago de su salario. Además, en la práctica se mantuvo la discriminación en el trabajo femenino, siendo los salarios de las mujeres inferiores a los de los hombres en la misma categoría y oficio.

ACS